El
llamado problema de las drogas se sustenta mayoritariamente en las desigualdades
de tipo social, económico, sanitario y cultural que sufren las personas
usuarias de drogas.
El
colectivo de personas drogodependientes ha funcionado por razones de exclusión
y estigmatización al margen las convenciones de la sociedad, adoptando códigos
de conducta y normas de funcionamiento diferenciadas.
Así
como el resto de la ciudadanía, para defender sus derechos, ha formado grupos y
asociaciones, las personas usuarias de drogas convencidas de no tener derechos,
no han visto esta necesidad, ni la utilidad de la misma para reclamar algo que
la sociedad les ha negado siempre.
Ha
existido una falta de cultura participativa, que tampoco se ha intentado
promover, ni desde la sociedad, ni desde las Instituciones, ni desde los centros
de tratamiento, donde mayoritariamente han sido tratados como meros objetos de
atención y no como sujetos activos en sus procesos, tanto personales como
grupales.
Hoy,
después de este periodo, sí, existe esa conciencia y está clara la necesidad
de formar parte de un grupo más amplio, que pueda defender con más fuerza los
derechos del colectivo, a la vez que reafirmarse en sus deberes como
ciudadanos/as.