El llamado problema de las drogas se sustenta mayoritariamente en las desigualdades de tipo social, económico, sanitario y cultural que sufren las personas usuarias de drogas.

El colectivo de personas drogodependientes ha funcionado por razones de exclusión y estigmatización al margen las convenciones de la sociedad, adoptando códigos de conducta y normas de funcionamiento diferenciadas.

 

Así como el resto de la ciudadanía, para defender sus derechos, ha formado grupos y asociaciones, las personas usuarias de drogas convencidas de no tener derechos, no han visto esta necesidad, ni la utilidad de la misma para reclamar algo que la sociedad les ha negado siempre.

 

Ha existido una falta de cultura participativa, que tampoco se ha intentado promover, ni desde la sociedad, ni desde las Instituciones, ni desde los centros de tratamiento, donde mayoritariamente han sido tratados como meros objetos de atención y no como sujetos activos en sus procesos, tanto personales como grupales. 
 

Hoy, después de este periodo, sí, existe esa conciencia y está clara la necesidad de formar parte de un grupo más amplio, que pueda defender con más fuerza los derechos del colectivo, a la vez que reafirmarse en sus deberes como ciudadanos/as.